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El modelo Alzira en auge en Madrid: Una justa reivindicacion

 EL MODELO ALZIRA EN AUGE EN MADRID

Una justa reivindicación

Dr. Joaquín Farnós Gauchía

Conseller de Sanitat (1995-1999)

 

 

Pasados trece años desde la creación del famoso modelo Alzira de gestión sanitaria (sistema que introduce la gestión privada en un servicio público sanitario universal y gratuito), me veo obligado a reivindicarlo. Y lo hago, más que por mi interés personal,  para evitar que otras personas o instituciones financieras se apropien de la innovación que supuso este modelo de gestión en el que tantos trabajamos, cuando ni siquiera intervinieron en su diseño y en su proceso fundacional. Me refiero a la empresa Ribera Salud y a su gerente, Alberto de Rosa, que ni siquiera participaron en el diseño de este modelo tan innovador como exitoso en el ámbito de la gestión sanitaria.

 

El modelo se creó en 1999 por la Consellería de Sanidad en el gobierno valenciano que presidió Eduardo Zaplana, al que le debo toda mi gratitud por haberme permitido introducir este sistema de gestión empresarial en la política sanitaria valenciana. Pero sobre todo, debo reivindicar el modelo por trabajo magnífico de todo el equipo de la Consellería, que estuvo formado por Juan Oliver, Marciano Gómez, Roberto Roig, Rubén Moreno, Francisco Bueno, José Rico, Vicente Rambla, Diego Castell y muchos más que trabajaron con gran sacrificio para mejorar la salud de todos los valencianos. Un trabajo que también tuvo un gran protagonista,  en la entidad sanitaria española Adeslas, con su director el doctor Antonio Burgueño, que fue el alma y animador de aquella innovación sanitaria en 1999.

 

Leo en algunos medios de comunicación que este modelo Alzira “cala en la sanidad pública”, sobre todo en Madrid, con el gobierno de Esperanza Aguirre desde el principio y ahora con el de Ignacio González, quienes están propiciando la creación de más hospitales utilizando este sistema. Ello me llena de orgullo. Que aquella idea que llevé a cabo con mi equipo y en el gobierno de Eduardo Zaplana sea toda una realidad y un éxito ahora, en medio de una dramática crisis económica, supone una gran satisfacción, ya que antes de aplicar recortes económicos los poderes públicos deben proporcionar una mejor y eficaz gestión económica.

 

El modelo Alzira no ha sido tampoco el símbolo de la innovación sanitaria de todo el Partido Popular, pues debo recordar como en 1999 cuando se aprueba, con una oposición beligerante y agresiva del PSOE y los sindicatos que no dudaron incluso en llegar a agredirme físicamente en el acto de presentación de este modelo de gestión en el salón de actos de la casa de cultura de Alzira, no todos los responsables políticos de mi partido lo apoyaron. El entonces ministro de Sanidad en el gobierno de José María Aznar, José Manuel Romay Becaria, y su responsable del Insolad, el hoy presidente de Galicia,  Alberto Núñez Feijoo, se opusieron a la creación de este nuevo modelo, presionando directamente al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, para que lo retirara. Este modelo se adjudicó para gestionar el Hospital de la Ribera a la UTE Ribera Salud, siendo el doctor Antonio Burgueño el que valencianizó la sociedad adjudicataria con la inclusión de Bancaja y Caja Carlet, con una participación del 49%. Los actuales directivos de Ribera Salud llegaron después de que el modelo estuviera creado y adjudicado y puesto en funcionamiento por el doctor Burgueño.

 

Por eso no es licito y ético que algunos se apropien de la creación de algo que otros hicimos. Yo sé que el Hospital de la Ribera y Ribera Salud están funcionando muy bien pero esta entidad no creó el modelo Alzira, de gestión privada de un servicio público, que trece años después sigue utilizándose en España y en el extranjero con gran éxito. Dicho sea en justicia, sin acritud, y como homenaje a aquellos que lo hicieron posible.

 

Con su decisión, estos días el gobierno de la autonomía de Madrid ha decido ampliar la gestión sanitaria, según el Modelo Alzira, a otros hospitales. Primero fue Esperanza Aguirre la que inspiró este modelo en Madrid y ahora por Ignacio Gonzalez, su actual presidente. Como es natural la decisión ha sido adoptada gracias al auge del Modelo Alzira, que no solamente reporta un importante ahorro económico sino también una mejora en la prestación sanitaria.

 

Como ocurrió con el Modelo Alzira en el hospital de la ribera de Alzira es la izquierda y sobre todo los sindicatos los que hacen una oposición violenta por el mero hecho de perder privilegios, como es una importante disminución del número de liberados y sobre todo de los ingresos monetarios sindicales. A la izquierda y sobre todos a los sindicatos les importa muy poco la salud de los madrileños su único objetivo es mantener el auge de los sindicatos.

CARTA A ENRIQUE DE DIEGO

 Antes de las elecciones del 20-N Enrique de Diego escribió un libro dedicado a Rajoy y titulado “Para salvar a España”.

            En este libro se describen de forma sucinta una serie de medidas que debía de tomar el hoy Presidente del Gobierno para salvar al país en los “críticos y decisivos momentos que vive España”.

            Además de recordar la independencia del poder judicial o que las Comunidades Autónomas son insostenibles al igual que el Estado de Bienestar Social tal y como está gestionado actualmente. También dice que la sanidad estatal se está viniendo abajo.

            En este sentido, como se hace referencia en este artículo, quiero expresar mi agradecimiento al señor de Diego al mencionar la gestión de la Consellería de Sanidad del Consell presidido por Eduardo Zaplana, cuando yo tuve el honor de ser Conseller de Sanidad de 1996 al 2000.

            En su libro de Diego resume la gestión de la siguiente forma:

LA SANIDAD ESTATAL SE ESTÁ VINIENDO ABAJO- ENRIQUE DE DIEGO

            Ustedes, señor Rajoy, los políticos profesionales han hecho creer a la gente que sin su desvelo no habría Sanidad. Y la verdad es que están a punto de haber generado un problema gravísimo porque la Sanidad estatal se está viniendo abajo, por la ineficiencia inherente a todo lo estatal, cuando el Estado se sale de sus funciones propias. No se nos ha hecho caso a los que, durante décadas, venimos avisando de este gravísimo y previsible problema y ahora se están tomando medidas que hacen temer por la agonía o el derrumbe estrepitoso de la Sanidad estatal.

            Hay fórmulas experimentadas que representan ahorro y mejoran la gestión. Es el caso del llamado “Modelo Alzira”, puesto en marcha por Joaquín Farnós Gauchia, cuando fue conceller de Sanidad de la Generalitat valenciana, entre 1996 y 2000. Médico y con dilatada experiencia empresarial –había puesto en marcha el pionero Centro de Termalismo Marino y recuperación funcional en Benicassim­- al llegar a la Consellería de Sanidad valenciana me encontré con una plantilla de casi 50.000 personas y más de 1.000 centros sanitarios entre hospitales, centros de salud y consultorios, saunas, etc, etc. Todo ello con un presupuesto de más de medio billón de pesetas (casi el 50% del presupuesto de la Generalitat Valenciana). El 10% del presupuesto del gobierno valenciano era para farmacia.

            Apliqué la experiencia de mi anterior gestión privada para introducir cambios de gestión que mejorasen el rendimiento económico y sanitario. Así, se creó la central de compras (para todos los hospitales). Se utilizaron la clínicas privadas: encontramos una lista de espera quirúrgica de 57.000 pacientes y la rebajamos a 7.000, llegamos a operar en clínicas privadas a más de 100 mil personas a un coste inferior al de nuestros hospitales públicos. Abrimos los quirófanos por las tardes: había 57.000 personas esperando operación de cataratas, hernias, prótesis coronarias, etc., y teníamos quirófanos cerrados.

            Se introdujeron los genéricos por primera vez en España lo que representó un ahorro de unos 3.000 millones de pesetas por año hace 12 años. Todas estas innovaciones culminaron con el modelo de gestión sanitaria en el hospital de Alzira. Desde un principio objetivo era la introducción de criterios de gestión empresarial en un centro sanitario público, donde también ocurría lo de “vuelva usted mañana” de Larra. Debíamos por tanto encontrar un nuevo modelo de gestión que tuviese como objetivo principal los principios de eficacia económica al mismo tiempo que se mejorase la atención sanitaria.

            En el área 10, no existía un hospital público, lo que nos permitió introducir en ese hospital que había de construirse, lo que después se llamaría “modelo Alzira”. Este modelo hizo posible el cambio de modelo de gestión pública por la gestión con criterios de empresa. Tan simple como lógico: la fórmula fue, adjudicar mediante una concesión administrativa, un servicio sanitario como era el hospital de Alzira. Los fundamentos y características del modelo Alzira fueron:

            1º  El elemento fundamental, el pago capitativo a la empresa adjudicataria (en este caso una UTE como Adeslas y cajas de ahorro valencianas). Este pago capitativo era de un 30% menos que el coste de un hospital público por persona. En el caso el hospital de Alzira con 250 mil personas, significaba, pues, un ahorro importante de un 30% de coste por persona/año.

2º  La empresa que ganó la adjudicación, Ribera Salud S.A., tuvo que invertir a su cargo la construcción de un magnífico y moderno hospital con habitaciones individuales, por primera vez en la Comunidad Valenciana y seguramente en  España, con un coste de unos 6.000 millones de pesetas (unos 36 millones de euros). Este hospital a los diez años, pasaba a ser propiedad de la Consellería y, por lo tanto, del patrimonio de la Generalitat.

3º La administración tiene, además, un control permanente sobre el funcionamiento del hospital, a través del comisionado de la Consellería con capacidad de control e inspección.

-Sólo al anunciar la forma de gestión de este hospital, se produjo una reacción muy agresiva por los sindicatos y por partidos de izquierdas. Con este modelo de gestión económica y sanitaria y los genéricos, seguro que hoy las farmacias estarían cobrando al día y no hubiese sido necesario congelar las pensiones a los jubilados. 

Joaquín Farnós Gauchía. Senador Constituyente Miembro de la orden constitucional y propietario del balneario de talasoterapia Termas Marinas El Palasiet de Benicassim

El Instituto de Tecnologia Ceramica: que inventen otros

El Patronato del Instituto de Tecnología Cerámica, hoy en riesgo de desaparecer por la crisis económica, se constituyó el día 11 de octubre de 1982, una vez aprobados sus estatutos en sesión plenaria de la Diputación Provincial el día 30 de septiembre.

El Patronato que iba a gestionar el Instituto de Tecnología Cerámica estaba integrado por ocho representantes de la Diputación como vocales y nueve más en representación de la Cámara de Comercio, Asociación Española de Fabricantes de Azulejos, Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas y Esmaltes Cerámicos, Cajas de Ahorro de Castellón y Valencia, Patronato del Colegio Universitario de Castellón, entonces adscrito a la Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia y Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria Cerámica.

Dicho Patronato estaba presidido por el Presidente de la Diputación, D. Joaquín Farnós Gauchía, y su fin genérico era la coordinación y desarrollo de todo tipo de actividades relacionadas con la tecnología cerámica y, en especial, lo referente a la investigación, control de calidades, asistencia teórica y labor docente de preparación y formación de especialistas en la materia.

Al conocer la noticia de que el Instituto de Tecnología Cerámica está en trance de desparecer recuerdo que en el acto inaugural del Patronato uno de los intervinientes, D. José Luis Breva dijo: “espero que este magnífico Patronato no se quedará en un simple proyecto”.

Estos días al leer en la prensa la situación agónica que atraviesa el Instituto de Tecnología Cerámica siento especial dolor, ya que mientras se está hablando en todas partes de incrementar el I + D, en nuestra provincia el Instituto de Tecnología Cerámica está a punto de desaparecer.

Ya en 1982 era muy fácil deducir que cualquier país del mundo es capaz de fabricar azulejos. Razón por la cual había que ser líderes en tecnología cerámica. Pero una vez más hemos sido fieles al dicho de Unamuno: “que inventen otros”.

Desde estas líneas quiero hacer un llamamiento a las Administraciones para que salven el que es nuestro centro de investigación más reconocido internacionalmente, de cuyos frutos está beneficiándose nuestra principal industria y que ha permitido su constante innovación y progreso.

Joaquín Farnós Gauchía. Senador Constituyente Miembro de la orden constitucional y propietario del balneario de talasoterapia Termas Marinas El Palasiet de Benicassim

Indignados los que hicimos la Costitucion

Muchos ciudadanos no saben quienes somos los parlamentarios constituyentes. Somos los diputados y senadores, elegidos en las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras cuarenta años de dictadura, que tuvimos el mandato popular de elaborar una Constitución que se ratificaría por referéndum en el año 1978 y que afortunadamente aún está hoy en vigor. La elaboración de la Constitución se debió fundamentalmente a Su Majestad el Rey, a sus arquitectos, que fueron Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez, y sobre todo el pueblo español que la refrendó mayoritariamente. Pasados más de treinta años de su aprobación, ahora en el año 2011, con la peor coyuntura económica y social que ha conocido España desde la Transición, quiero manifestar que, en estos últimos años, desde que se fue el presidente José María Aznar ?a quien nadie echó, no como ahora a José Luis Rodríguez Zapatero, quien sí le echa su partido-, nuestra Constitución es violada y vulnerada, especialmente por el gobierno socialista. Y eso que vamos por la octava constitución, ahora que estamos celebrando los 200 años de la primera, que se promulgó en 1812, la conocida como La Pepa?.

Y nos jugamos nuestra octava carta magna cuando algunos países de nuestro entorno democrático han tenido solo una. Nosotros, los españoles, vamos a por la octava.

Es verdad que el actual estado autonómico ha fallado en muchos aspectos, como el de facilitar las tentaciones soberanistas de algunas comunidades y promocionar el despilfarro. Quizá los parlamentarios constituyentes nos equivocamos, pero hay que tener en cuenta que ha resistido treinta y tres años. Es necesario rediseñar la actual estructura autonómica, poner sentido común y desterrar para siempre las opciones anticonstitucionales y que sólo pretenden romper el proyecto común de España.

Todos estamos indignados. Y algunos, como yo, mucho más y con más motivos, ya que dedicamos más de dos años de nuestra vida, dejando en segundo plano a nuestras familias y nuestra profesión, para darle a España una Carta Magna que facilitase la convivencia entre los españoles.

Y ahora, pasados treinta años, es triste ver como en España existe pobreza, paro, leyes anticonstitucionales, una justicia dependiente de los partidos políticos, estatutos de autonomía anticonstitucionales y un Tribunal Constitucional al dictado del gobierno de turno.

Ha sido todo tan increíble que hoy cualquier ciudadano de buena fe tiene dudas fundadas sobre lo que pasó el 11 de marzo de 2004. Nadie entiende por qué ETA está en las instituciones, con Bildu gobernando en corporaciones tan importantes como el Ayuntamiento de San Sebastián y las Juntas Generales de Guipúzcoa. Y resulta paradójico ver cómo protestan algunos porque EE UU cazó a Bin Laden y aquí a los terroristas los hacemos alcaldes o presidentes de diputaciones.

Espero, que con el PP, en el que militamos muchos políticos que hicimos la Transición, que lo cambie todo en los primeros 100 días. Espero que Mariano Rajoy devuelva la independencia a los jueces, que el Tribunal Supremo sea el supremo tribunal, como su nombre indica, y no una institución a las órdenes del Tribunal Constitucional, que debe ser totalmente modificado. Espero que Rajoy cambie los actuales sindicatos verticales, la patronal y la financiación de los partidos políticos, etc. y sobre todo que dé solución al tema autonómico, que desde su creación ha sido un error político y un asalto (con chantaje) al Gobierno de España.

Nuestra única defensa es mantener la Constitución de 1978 y ello va a ser difícil con esta clase política y sin ni siquiera Fuerzas Armadas ejército que como dice la Carta Magna tienen como misión salvaguardar la integridad del territorio nacional y el cumplimiento de la Constitución. Como senador constituyente tengo derecho a estar indignado.

Joaquín Farnós Gauchía. Senador Constituyente Miembro de la orden constitucional y propietario del balneario de talasoterapia Termas Marinas El Palasiet de Benicassim

Prudencia Constitucional

Como Senador Constituyente, debo de decir que personalmente no me gusta la enmienda constitucional del artículo 135 que deja bien claro los niveles de endeudamiento y su control dentro del presupuesto del Estado por el Tribunal de cuentas.

Es verdad que Alemania y Francia nos han exigido para pasar la enorme deuda que ha generado el gobierno Zapatero que eliminó una Ley de estabilidad presupuestaría del gobierno Aznar para reunir los requisitos para entrar en el Euro (Tratado de Maastrich). Este cambio del artículo 135 de la Constitución es ahora necesario pero personalmente creo que había otras soluciones como una Ley Orgánica.

Vamos por la octava Constitución y debemos ser prudentes y no abrir el melón si no es necesario y estar seguro del famoso consenso del 78 es irreversible o muy difícil. Hay otras materias que debieran ser revisadas en nuestra Carta Magna con prioridad como el tema de la Educación artículo 27 el uso de la lengua: articulo 3, el castellano es la lengua española, oficial del Estado, todos los españoles tienen el deber de conocerla el derecho de usarla, el artículo 15 dice: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral y lo más importante, el esperpento jurídico-político del estado Autonómico que es el asunto político más grave que tiene España y los españoles. Todo el titulo VIII fue un absurdo con unas concesiones a los catalanes (CIU), a los Vascos (PNV). Los de CIU con un ponente Constitucional (Roca) que votaran la Constitución. El PNV voto en contra. El famoso consenso se consiguió gracias a concesiones políticas que han abocado al asalto del estado y al incumplimiento constitucional del gobierno de turno en Madrid, con tal de mantenerse en el poder. Si hay que cambiar la Constitución hay que empezar por revisar el Estado Autonómico.

El artículo 137 del título VIII sobre la organización territorial del estado, dice que este se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas. No somos un estado centralista, ni federal ni confederal, somos un invento español: un absurdo

Hace poco en Sabadell vi todas las calles llenas de propaganda electoral pidiendo un referéndum la Independencia de Cataluña. Sentí Vergüenza pues ese no fue el espíritu del consenso constitucional como decía antes y repito era una charlotada política.

Finalmente, quiero recordar el gravísimo cambio que supuso el nombramiento de los componentes del poder judicial que introdujo Alfonso Guerra. El artículo del Título VI del poder judicial, 117 dice que la justicia emana del pueblo que administra en nombre del Rey (no del gobierno como ocurre ahora) por jueces y magistrados integrantes del poder judicial. Independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Los 20 miembros que lo conforman dice el artículo 122 que 12 miembros se nombrarán entre los jueces y magistrados, 4 a propuesta del Congreso y 4 a propuesta del Senado. Con el pacto por la justicia ahora los 20 miembros del Poder Judicial los elije el Congreso y el Senado. Otra fragante vulneración de la Constitución.

Como todas las Constituciones, la española del 78 (la 8ª que ha tenido España) seguro que en algún momento deberá ser revisada y refrendada por los Españoles como la actual que tuvo un refrendo de más del 80%. Ya basta, ya no más espectáculos como el último del Tribunal Constitucional con Sortu y Bildu, desautorizando al Tribunal Supremo.

De cambiarse algo, debe ser y de forma urgente la Ley electoral para que los partidos independentistas no gobiernen España. Desde Suárez, todos han necesitado los votos de CIU o PNV para gobernar España se descompone y los Independentistas se frotan las manos. Con un gobierno tan débil como el actual no es de extrañar que una diputada de coalición canaria dijese al apoyar los últimos presupuestos que éstos eran malos para España pero buenos para Canarias.

El PP y PSOE urgentemente deben cambiar la Ley electoral y devolver la independencia al poder judicial y sobretodo revisar el estado autonómico que repito, como senador constituyente siento vergüenza de haber votado aquella chapuza como se dice de aquellos polvos viene estos lodos.

Joaquín Farnós Gauchía Ex-Conseller de Sanitat de la Comunitat Valenciana y propietario del balneario de talasoterapia Termas Marinas El Palasiet de Benicassim

La Diputacion: la impulsora de la Universitat Jaume I de Castellon

Cuando en 1977 tuve el honor de presidir la corporación provincial me encontré con el gravísimo asunto de que el antiguo CUC estaba a punto de desaparecer. El 30 de septiembre de 1980 terminaba la vigencia del contrato de cesión de precario, del edificio destinado a Seminario Mayor Diocesano “Mater Dei” para ocupación del CUC. Se suscribe un contrato nuevo con obligaciones del Patronato del CUC que dependía de la Diputación la realización de una serie de obras de reparación con objeto de dejar los locales en el estado que se encontraron antes de la cesión y de asunción de la deuda pendiente con la diócesis por importe de 6 millones de pesetas según dispone la cláusula segunda del contrato que yo encontré en la Diputación de 10 agosto de 1978. Dice el contrato que la deuda se haría efectiva en 2 plazos del 50% (3.000.000 pesetas en 1980 y otros 3.000.000 de pesetas en 1981.

Es decir, en aquel momento el CUC como inquilino del antiguo seminario estaba desahuciado y en la calle, sin local para impartir clases. Además las relaciones de Patronato del CUC, presidido entonces por Vicente Petit y el obispado (Monseñor Cases) eran de ruptura total.

Recuerdo que la semana antes de las elecciones municipales de 1979 en hoja parroquial, en las parroquias de Castellón, había un tremendo manifiesto contra Vicente Petit, candidato a la alcaldía, que tuvo su reflejo en el resultado electoral. Por otro lado, en el propio seno del antiguo seminario había hasta edificios con alambradas que dividían el CUC y las que había continuando utilizando la Diócesis. Casi una guerra.

Tras una negociación, que calificara de dificilísima, una tarde en el palacio episcopal, le prometí al sr. Obispo, después de haber recibido amenazas de excomunión en una carta abierta a mi persona en la COPE, en la que actuó como testigo el periodista Eduardo Mas de que el contrato firmado por la anterior corporación sería totalmente cumplido, como así se hizo; se nombró un nuevo patronato presidido por Alfredo Pascual del que formaba parte Vicente Vilar, también diputado provincial y Miguel Bellido Ribes, concejal del ayuntamiento de Castellón, Agustín Escardino José Quesada y Julio Medina (profesores del CUC) y como representantes de los padres de alumnos Ernesto Ribes Ferrer, Ramón García Beltrán y Mercedes García Gasulla.

El CUC no había muerto pero agonizaba sin local y sin financiación, si tenemos en cuenta que el presupuesto de la Diputación en 1980 era de 1.860.000 de pesetas.

Por eso la primera decisión fue integrar el presupuesto del CUC en el de la universidad de Valencia. Para ello realizamos un viaje a Madrid y acompañados por Jaime Lamo de Espinosa, entonces ministro de agricultura del gobierno Suárez y diputado por Castellón, visitamos al ministro de Hacienda Garcia Añoveros y conseguimos que el CUC fuese financiado por el gobierno de España. En aquel momento el total de estudiantes era de 353 alumnos que cursaban química, matemáticas, geografía e historia, filología, filosofía y educación.

Tras la consecución de la financiación, que soportaba difícilmente la diputación afrontamos la necesidad, de crear un campus universitario que albergase el CUC y más tarde la futura universidad de Castellón (hoy la UJI).

Hubo 3 zonas posibles para situar ese campus: Almazora en razón de su ubicación era la que mas acercaba los estudios universitarios a la gran concentración demográfica de la Plana. En segundo lugar se estudió la posibilidad de que el campus fuese ubicado entre Castellón y Benicassim, con el objeto de poder aprovechar los miles de apartamentos vacíos durante el curso escolar por los estudiantes de la provincia. Dada la gran cantidad de propietarios y el tiempo que se necesitaba para expropiar una extensión de miles de metros cuadrados que se necesitaban, pronto quedó descartada está ubicación de Almazora y Benicassim.

Tras una entrevista con Antonio Tirado, alcalde de Castellón, en un plazo breve de tiempo Tirado cedió a la Diputación el actual campus de la carretera de Borriol, donde se realizó una gran reserva de terrenos para la futura universidad y se recalificaron solares para urbanizar y construir las viviendas donde en el futuro podrán vivir los universitarios. Una sola propiedad que pertenecía a una conocida familia reunía todos los requisitos: brevedad en el tiempo y comienzo de la obra del primer edificio la facultad polivalente que fue aprobado el 30 septiembre de 1987 y ser trasladados a este edificio (hoy escuela de idiomas) los estudios de geografía, filología, filosofía, matemáticas y química.

Con objeto de darle mayor empuje por la mayor cantidad de alumnado, la diputación y el rector de la universidad de valencia (prof. Colomer) se firma un convenio para impartir el primer ciclo de Derecho en el nuevo campus de la carretera de Borriol. Tras la primera piedra ese campus con el nuevo edificio fue inaugurado con la asistencia del secretario del Estado de Universidades del gobierno de UCD Sr. Cobo del Real.

La diputación pues había conseguido integrar el CUC en los presupuestos del Estado, y la creación del campus, y, construir un edificio de más de 11.000 metros cuadrados con un coste de 350.000 ptas (un 25% del presupuesto de la Diputación) y gracias al rector Colomer que se impartiese Derecho en Castellón. Con ello se sobrepasaban los 1000 alumnos.

Más tarde se proyectó y salió a concurso de adjudicación un segundo edificio para letras que finalizó el presidente de la siguiente diputación Francisco Solsona del PSOE.

Ya a pleno rendimiento del campus, la diputación creo para la investigación y desarrollo tecnológico el instituto de tecnología cerámica. Se unificó en el recinto universitario los laboratorios de los ingenieros industriales “Sebastián Cardi” dirigido por el ingeniero Rodríguez Zunzarren y el del propio CUC, al frente del cual estaba el profesor Escardino, profesor de química. Este instituto de investigación cerámica fue dirigido desde su fundación po el ingeniero Victor Falomir, y a él se dedicaron más de 1.000 metros cuadrados. Con estos antecedentes del CUC que supuso grandes inversiones económicas para la Diputación, un 25% de su presupuesto inicial, entre los edificios construidos y la implantación de los estudios de derecho a costa económica de la diputación, se creo el campus de la carretera de Borriol, hoy todo un barrio de Castellón y en el día de su inauguración con la asistencia del profesor Cobo del Real, secretario del Estado de universidades en el gobierno de UCD, se colocó una placa que dice: “Este campus universitario ha sido construido por la Diputación como aportación intelectual y humana a la cultura”.

Aquella corporación provincial del 79 al 82 hizo pocas carreteras pues prefirió crear lo que hace unos días Miguel Pastor define como el embrión de la universidad Jaime I.

El CUC se convirtió en la actual UJI, tras un largo proceso político y social. Fue la sociedad civil de la provincia de Castellón y sus instituciones, la que presionó a la Generalitat para conseguir la universidad a la que se resistió. En septiembre de 1985, presenté en un acalorado debate en las Cortes Valencianas, la petición de la Universidad de Castellón. Tanto el conseller Ciscar como el rector de la Universidad de Valencia, prf. Lapiedra se opusieron en reiteradas ocasiones como consta en las actas de las cortes valencianas. Finalmente la continuada demanda de los estudiantes y profesores castellonenses del CUC y de toda sociedad civil al conseller Escarre no le quedó más remedio que en las Cortes se aprobase por ley autonomíca la universidad de Castellón. Políticos como el primer rector de la UJI, profesor Michavila, Daniel Gozalvo, Ernest Navas, y yo mismo, en unas inolvidables reuniones, en el Rialto conseguimos poner en funcionamiento nuestra UJI, en Penyeta Roja de la diputación provincial, que fue la primera sede de la UJI.

Joaquín Farnós Gauchía Ex-Conseller de Sanitat de la Comunitat Valenciana y propietario del balneario de talasoterapia Termas Marinas El Palasiet de Benicassim

Transferencias sanitarias: un paso necesario

Considero que la transferencia de la gestión sanitaria a las Comunidades Autónomas creo que fue positiva porque, junto con la transferencia de educación, representa el 90% del presupuesto de la Generalitat Valenciana, que es el que conozco de primera mano.

Casi un 50% del presupuesto del gobierno valenciano era para sanidad y dentro de ese presupuesto era para gasto farmacéutico 100.000 millones de pesetas al año (alrededor de 600 millones de euros), eso es un 10 por ciento, o lo que es lo mismo, un euro de cada diez.

Reitero que esa transferencia de sanidad y de educación a las Comunidades Autónomas , correspondía al Estado Autonómico y que se basaba en la consecución de un objetivo de mejorar la gestión tal y como se explicó en su momento. Se trataba de acercar la administración al administrado, en el caso de la sanidad, cumpliendo la Ley General de Sanidad para todos los españoles.

Desgraciadamente la evolución del Estado Autonómico ha llevado a una descentralización política empujada por la revisión de los Estatutos de Autonomía que se han convertido en plataformas independentistas y que políticamente han desvertebrado la Nación Española ( Artículo I de la Constitución).

La financiación de la sanidad se realiza desde el momento de su transferencia con un presupuesto de estado a cada Comunidad Autónoma. Este fondo es fiscalista, es decir, el Consejo de Política Fiscal y Financiera fija una cantidad para asistencia sanitaria de cada Comunidad Autónoma pero exceptuando salud pública por habitante y año. En mi época de Conseller fueron 107.000 pesetas por habitante y año. Aquello fue muy injusto ya que la Cataluña se financiaba con 127.000 pesetas por habitante, un 20% más que la Comunidad Valenciana. Y pese a reclamar con insistencia que el gasto sanitario que suponía que los residentes españoles y extranjeros residían todo el año en nuestras costas ( Benidorm, Torrevieja, Peñíscola, Cullera, etc. ) fuera compensado de alguna forma, nunca fue tenido en cuenta.

La transferencia sanitaria para nuestra comunidad fue una ventaja en el periodo 1996-2000, ya que se produjo un cambio necesario en la gestión, pues se introdujo el criterio de gestión empresarial despolitizado y des-sindicalizado en la sanidad valenciana.

Así se creó la central de compras, se abrieron por la tarde los quirófanos de los hospitales, se utilizaron las clínicas privadas para reducir las listas de espera quirúrgicas pasando de 57.000 pacientes a 7.000. Se operaron más de 100.000 personas en clínicas privadas ya que transcurridos 90 días desde la indicación de una intervención quirúrgica el paciente podía optar a operarse en una clínica privada controlada sanitariamente por la Consellería. Finalmente, aun sin el Decreto-ley que ha entrado en vigor el 1 de noviembre de 2011, implantando la prescripción de medicamentos genéricos con el principio activo, en la Comunidad Valenciana en aquel periodo se consiguió un ahorro de unos 3.000 millones de pesetas, un 3% del presupuesto total de la Generalitat.

Por último, en aquel periodo de la Consellería, que yo tuve el honor de presidir, se creó el Modelo Alzira que, en resumen, consiste en la adjudicación de la gestión de un servicio público a una empresa privada. Ello significa que la empresa adjudicataria construyó el Hospital de la Ribera por valor de 5.000 millones de pesetas y lo gestionó por un coste de un 30% menos que el coste de un hospital público. Este Modelo Alzira hoy en día se ha expandido por España y por muchos países del mundo y se imparte como modelo de gestión sanitaria en la mayor parte de masters de empresa.

Joaquín Farnós Gauchía Ex-Conseller de Sanitat de la Comunitat Valenciana y propietario del balneario de talasoterapia Termas Marinas El Palasiet de Benicassim

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